Esta tribuna analiza las tensiones entre Venezuela, Trump y Europa. Escrita por César Sabas —venezolano, magíster en Relaciones Internacionales y Política de Seguridad—, describe la brutal realidad de un mundo donde la soberanía parece ser apenas un concepto opcional para Washington. Al resucitar la Doctrina Monroe de forma radical, Donald Trump ya no se conforma con regentar su «patio trasero»: está redibujando los límites de lo aceptable.
Para Europa, este precedente es una advertencia existencial. Entre las presiones depredadoras sobre los recursos de Groenlandia y el deseo manifiesto de dividir a las naciones del continente para asentar una dominación transaccional, surge el espectro de una desintegración de la Unión Europea.
El 3 de enero de 2026 no fue un día cualquiera en el calendario venezolano. Fue la fecha en la que se violó brutalmente el principio fundamental de la soberanía nacional. Venezuela despertó, y con ella el mundo, ante imágenes surrealistas y dantescas: columnas de humo elevándose desde puntos estratégicos de Caracas, el sordo estruendo de explosiones selectivas y el siniestro zumbido de los helicópteros de combate Apache y Black Hawk de las Fuerzas Especiales estadounidenses surcando el cielo de Caracas. La noticia, difundida primero por cuentas anónimas en las redes sociales y luego confirmada por declaraciones oficiales, sacudió los cimientos del derecho internacional: el presidente en funciones de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y su esposa, Cilia Flores, habían sido capturados en una operación militar relámpago llevada a cabo por Estados Unidos.
Este acto de guerra, presentado por la administración Trump como una «operación contra el narcoterrorismo», fue en realidad la culminación de una campaña de dos años de construcción narrativa, presión económica y escalada militar. No fue un acontecimiento espontáneo, sino el resultado lógico y premeditado de una estrategia que, entrelazando mitos, medias verdades y ambiciones geopolíticas, siempre buscó justificar lo injustificable: la intervención directa para el cambio de régimen y la recolonización económica de un país soberano.
La construcción del enemigo perfecto (2024-2025): del «Tren de Aragua» al «narcoestado»
Cualquier demostración importante de fuerza requiere la creación de un enemigo legítimo. Para la maquinaria política de Donald Trump tras su regreso a la escena presidencial en 2024, Venezuela ofrecía un objetivo multifacético y conveniente. La narrativa se construyó sobre dos pilares entrelazados, ambos amplificados por sectores de la oposición venezolana en el exilio y congresistas cubanoamericanos de Florida.
El primer pilar fue la criminalización de la migración venezolana. Durante la campaña de 2024, Trump resucitó y amplificó hasta el extremo la figura del «Tren de Aragua», una banda criminal originaria de Venezuela y presente en varios países de la región. En sus discursos, la narrativa se simplificó y distorsionó hasta el punto de transformar a cientos de miles de migrantes venezolanos, en su mayoría familias trabajadoras que huían de la crisis económica, en una amenaza monolítica vinculada a esta organización. Esta asociación generalizada le permitió justificar una de sus primeras medidas en 2025: la cancelación masiva de los estatus migratorios de protección (como el TPS o el Parole) implementados bajo la administración Biden, sellando el destino de miles de personas y enviando un mensaje claro: los venezolanos eran, por asociación, potenciales delincuentes.
El segundo pilar, más antiguo y arraigado en ciertos círculos de poder en Washington, era el mito del «Cartel de los Soles». Durante más de una década, se promovió la idea de que Venezuela se había convertido en un «narcoestado», donde altos mandos militares y figuras del Gobierno dirigían un cartel de la droga institucionalizado. A pesar de que los informes anuales de la DEA y la ONU indican sistemáticamente que la principal ruta de entrada de cocaína en Estados Unidos es a través del Pacífico (controlada por los cárteles mexicanos y colombianos, con escala en Centroamérica), y que Venezuela, sin acceso al Pacífico, es una ruta secundaria, la narrativa se afianzó en el discurso republicano. Trump y sus aliados fusionaron hábilmente los dos pilares: el «Tren de Aragua» sería el brazo ejecutor a nivel callejero y el «Cartel de los Soles» el liderazgo, encabezado por Maduro.
Esta construcción discursiva tenía un claro objetivo político: deshumanizar al Gobierno y al pueblo venezolanos, presentándolos no como actores políticos con los que se negocia, sino como una organización criminal transnacional contra la que hay que «hacer la guerra». Era el pretexto perfecto para acciones que, de otro modo, violarían todas las normas internacionales.
De las sanciones a los bloqueos: la estrategia de asfixia y la piratería moderna
La relación de Trump con Venezuela no era nueva. Su primer mandato (2017-2021) estuvo marcado por un intento fallido de cambio de régimen mediante sanciones extremas y el reconocimiento de Juan Guaidó como «presidente interino». Estas sanciones, calificadas por la ONU y las organizaciones humanitarias como «castigo colectivo», paralizaron las exportaciones de petróleo, impidieron las transacciones financieras y bloquearon las importaciones de alimentos y medicamentos, sumiendo al país en una crisis humanitaria sin precedentes que agravó la migración. En 2023, en un revelador acto de cinismo, Trump lamentó no haber ido «hasta el final» para «quitarle todo el petróleo a Venezuela».
Cuando comenzó su segundo mandato en 2025, Trump no repitió exactamente la misma fórmula. Permitió que la petrolera estadounidense Chevron continuara operando en Venezuela, un gesto que no fue de buena voluntad, sino de pragmatismo corporativo. Pero la presión adoptó una forma nueva y más agresiva.
En primer lugar, tras la cancelación de los programas migratorios, se produjo una escalada militar. A mediados de 2025, comenzó un despliegue gradual de la Marina de los Estados Unidos en el Caribe, con base en Puerto Rico. El punto de no retorno operativo se alcanzó en septiembre de 2025. Un dron Reaper estadounidense bombardeó y hundió una pequeña embarcación en aguas internacionales cerca de la costa venezolana, acusada de transportar drogas. Once personas murieron sin que se intentara interceptar o identificar positivamente la embarcación. Se trató de un acto de fuerza unilateral y extrajudicial que marcó el inicio de una nueva fase: la «guerra preventiva» contra el narcotráfico, en la que Estados Unidos se otorgó a sí mismo el derecho de atacar cualquier embarcación «sospechosa». Trump incluso se burló públicamente de ello, afirmando que sus ataques habían disuadido a los pescadores locales, dejando a las comunidades costeras sin medios de subsistencia.
La escalada culminó en diciembre de 2025 con un acto de piratería moderna: el bloqueo naval de las exportaciones petroleras venezolanas. La Marina de los Estados Unidos comenzó a abordar, confiscar y desviar petroleros que transportaban crudo venezolano a destinos como China, India y Cuba, con el pretexto de que estaban violando sanciones unilaterales. Trump declaró que todo el petróleo venezolano destinado a destinos distintos de los Estados Unidos estaba «sujeto a confiscación en alta mar». A continuación, se vendía el crudo robado y se retenían los fondos. Esta política tenía como objetivo no solo estrangular económicamente al Gobierno, sino también redirigir por la fuerza el flujo de este recurso estratégico hacia suelo estadounidense, cortando los lazos económicos de Caracas con sus aliados. Al mismo tiempo, el Gobierno de Maduro fue designado formalmente como «organización terrorista transnacional» por la Administración Trump, allanando el camino legal y político para medidas más drásticas.
3 de enero de 2026: La incursión y el secuestro estatal
El amanecer del 3 de enero de 2026 fue la culminación de la tensión acumulada. A pesar de las garantías dadas por la administración Trump a un Congreso receloso de que no atacaría el territorio venezolano sin autorización, la operación se puso en marcha. Se trató de un ataque militar ilegal, sin declaración de guerra, sin mandato del Consejo de Seguridad de la ONU y sin un casus belli reconocido por el derecho internacional (la captura de un jefe de Estado por presuntos delitos no justifica una invasión).
La operación, presumiblemente basada en información proporcionada por fuerzas especiales infiltradas y respaldada por ciberataques para neutralizar las defensas, se centró en objetivos clave en Caracas y posiblemente en la costa, con el fin de distraer y aislar. Los bombardeos denunciados, aunque de alcance limitado, tenían por objeto crear el caos y paralizar una respuesta coordinada. El objetivo principal era claro: capturar al presidente Maduro. En una operación de precisión, las fuerzas Delta o SEAL lo localizaron y capturaron a él y a su esposa, y luego los trasladaron en helicóptero a un portaaviones en el Caribe.
Según los informes iniciales, el número de muertos rondaba las 80 personas, entre ellas soldados venezolanos que respondieron al ataque y, muy probablemente, civiles atrapados en el fuego cruzado o en ataques de distracción. El mensaje era tan claro como aterrador: Estados Unidos se reservaba el derecho de entrar militarmente en cualquier país, destituir a sus líderes y juzgarlos según sus propias leyes. Era la doctrina de la «guerra contra el terrorismo» llevada a su conclusión lógica más extrema: la negación misma de la soberanía nacional.
«Cuasi-colonización»: el nuevo orden bajo el vicepresidente Rodríguez
Con Maduro destituido y trasladado a una base en Estados Unidos para ser juzgado por tráfico de drogas y terrorismo (cargos que, en este contexto, serían percibidos como una farsa legal por gran parte del mundo), el poder recayó, constitucionalmente, en la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Pero su gobierno «interino» nació bajo la bota de una potencia extranjera.
La Marina de los Estados Unidos no se retiró del mar Caribe. Por el contrario, su presencia se volvió permanente, asegurando el control del tráfico marítimo. En los días siguientes, bajo una presión militar y económica insostenible, el gobierno de Rodríguez se vio obligado a firmar un «acuerdo» que constituye el manual para la colonización económica en el siglo XXI:
1. Monopolio petrolero: Venezuela solo podrá exportar su petróleo a Estados Unidos. 2. Confiscación encubierta: El pago por el petróleo se realizará «a precio de mercado», pero los fondos permanecerán congelados en cuentas estadounidenses bajo el control de la administración Trump. 3. Colonialismo comercial: Estos fondos solo podrán utilizarse para adquirir productos y servicios exclusivamente estadounidenses. 4. Aislamiento geopolítico: Estados Unidos exige la ruptura de las alianzas con Rusia y China, y el distanciamiento de iniciativas como el BRICS.
Este mecanismo transforma a Venezuela en una fábrica petrolera cautiva. Produce riqueza, pero esta riqueza es inmediatamente confiscada y reciclada en la economía del poder colonial, que también se asegura un mercado cautivo para sus productos. Se trata de un «imperialismo de libre mercado» impuesto por la fuerza de las armas, un crudo retorno al modelo de relaciones entre metrópoli y colonia.
Un precedente peligroso y un silencio cómplice
Los acontecimientos del 3 de enero de 2026 y sus consecuencias representan una profunda herida en el orden internacional. Al destituir a un jefe de Estado, Estados Unidos ha legitimado la ley del más fuerte como principio rector de las relaciones entre naciones. Se ha autoproclamado juez, jurado y verdugo mundial, practicando abiertamente la piratería y el colonialismo económico. El hecho de que Nicolás Maduro sea una figura controvertida a nivel internacional es irrelevante ante el principio de soberanía; mañana podría ser el líder de cualquier país el que desafiara los intereses de Washington.
El giro final, con cinismo shakesperiano, es que Trump prefirió llegar a un acuerdo con el chavismo decapitado (con Delcy Rodríguez administrando el país en su nombre) en lugar de con la oposición venezolana, que llevaba años pidiendo esta intervención. La oposición fue utilizada para construir la narrativa y luego descartada, ya que no tenía control real sobre el territorio ni las instituciones. El «antiimperialismo» del chavismo, por su parte, se vio obligado a gestionar la sumisión del país al imperio. Se trata de una derrota histórica para ambos bandos internos y una victoria pírrica para un proyecto imperial que está mostrando su cara más fea.
El aspecto más oscuro de toda esta historia es el «silencio absoluto de la comunidad internacional» mencionado en el texto original. La ausencia de una condena unánime y firme, la falta de sanciones reales contra Estados Unidos y la parálisis de foros multilaterales como la ONU confirman un mundo unipolar en el que el poder puede actuar con impunidad. Venezuela se despertó el 3 de enero de 2026 no solo con su presidente capturado, sino con la prueba de que las normas que protegían a los pequeños Estados de los grandes habían sido abolidas, quizás para siempre. Se ha sentado un precedente, y su eco resonará en las capitales de todos los países que se atrevan a seguir un camino soberano.
No cree en el derecho internacional y siente un profundo desprecio por las instituciones liberales. Su comportamiento ni siquiera se asemeja al de un autócrata como Putin o Xi Jinping. Trump está transformando Estados Unidos en un nuevo imperio mongol que regirá sus relaciones con otros países por la fuerza, y su próxima víctima será Europa, como ya ha dejado claro en su Estrategia de Seguridad Nacional publicada en noviembre de 2025.
