Accueil ACTUALIDADTerapias de conversión en Europa: el Parlamento presiona a la Comisión antes del 18 de mayo de 2026

Terapias de conversión en Europa: el Parlamento presiona a la Comisión antes del 18 de mayo de 2026

Par Yohan Taillandier
0 Commentaires

Las terapias de conversión en Europa vuelven a situarse en el centro del debate político europeo. El 29 de abril de 2026, el Parlamento Europeo aprobó un informe sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea en 2024 y 2025. Este texto no se centraba únicamente en las terapias de conversión: abordaba, de manera más amplia, el Estado de derecho, los derechos de las mujeres, los derechos LGBTIQ+, la libertad de los medios de comunicación, el espacio cívico, las migraciones, la discriminación y los derechos fundamentales en la Unión Europea.

Sin embargo, la Iniciativa Ciudadana Europea «Prohibición de las prácticas de conversión en la Unión Europea» ha servido de palanca política para incluir en este informe una petición clara: instar a la Comisión Europea a proponer un acto jurídico destinado a prohibir las prácticas de conversión en todos los Estados miembros. La Comisión debe responder ahora a esta iniciativa a más tardar el 18 de mayo de 2026.

Una votación europea, pero aún no una prohibición

El 29 de abril de 2026, los eurodiputados aprobaron en Estrasburgo un informe titulado «Situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea en 2024 y 2025», por 328 votos a favor, 199 en contra y 98 abstenciones.

En este informe general se incluyó un pasaje decisivo sobre las prácticas de conversión. El apartado 57 del texto aprobado condena las prácticas destinadas a «modificar, reprimir o suprimir» la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de una persona, y pide a la Comisión Europea que presente una propuesta de acto jurídico que establezca una prohibición en todos los Estados miembros.

Este punto es fundamental: el Parlamento Europeo no ha aprobado una ley europea que prohíba las terapias de conversión. Ha aprobado una resolución política en la que insta a la Comisión a actuar. Ahora bien, en la Unión Europea, es la Comisión la que dispone de la facultad de iniciativa legislativa para proponer un texto vinculante a escala de la UE.

¿Quién está detrás de la Iniciativa Ciudadana Europea?

La Iniciativa Ciudadana Europea «Prohibición de las prácticas de conversión en la Unión Europea» fue impulsada por ACT, Against Conversion Therapy, una organización que lucha contra las prácticas de conversión. La ICE solicitaba a la Comisión Europea que propusiera una legislación para prohibir las prácticas de conversión dirigidas a las personas LGBTQ+ en la Unión Europea.

La iniciativa ha superado el umbral necesario para obligar a la Comisión a examinarla. Según varias fuentes, ha reunido más de 1,2 millones de firmas, lo que ha permitido volver a situar el tema en el centro de la agenda europea. El Parlamento Europeo precisa que la ICE ha alcanzado el millón de firmas requerido y que la Comisión debe responder a las peticiones de la ciudadanía a más tardar el 18 de mayo de 2026.




¿Qué pedía concretamente la ICE sobre las terapias de conversión en Europa?

La Iniciativa Ciudadana Europea instaba a la Comisión a proponer una legislación contra las prácticas de conversión dirigidas a las personas LGBTQ+ en la Unión Europea. Iba más allá de un simple llamamiento simbólico, ya que también pedía que estas prácticas fueran calificadas como delitos especialmente graves con dimensión transfronteriza, los llamados «eurodelitos», y que se reforzara la Directiva sobre los derechos de las víctimas con el fin de establecer normas mínimas de protección, apoyo y acompañamiento para las personas afectadas.

En la audiencia pública celebrada en el Parlamento Europeo el 2 de marzo de 2026, la ICE fue examinada por la Comisión LIBE, con la participación de las comisiones PETI y FEMM. Los organizadores defendieron una prohibición jurídicamente vinculante de las prácticas destinadas a cambiar, reprimir o suprimir la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de una persona.

Esta petición se inscribe en un contexto europeo desigual. Varios Estados miembros ya cuentan con legislación nacional, pero todavía no existe una prohibición uniforme en la Unión Europea. Es precisamente esta disparidad entre países la que los promotores de la ICE quieren corregir.

¿Por qué las terapias de conversión están en el centro de un debate europeo?

Las prácticas de conversión comprenden intervenciones destinadas a cambiar, reprimir o suprimir la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de una persona. Pueden adoptar formas psicológicas, religiosas, familiares o médicas, y los organizadores de la ICE las describen como discriminatorias, degradantes, perjudiciales y fraudulentas.

Según el Parlamento Europeo, la ONU ha calificado estas prácticas como una forma de tortura, y cada vez son más los países que ya las prohíben. Por lo tanto, el debate europeo gira en torno a la dignidad, la salud mental, la no discriminación, los derechos de las víctimas y la competencia de la Unión para legislar sobre un tema en el que los Estados miembros siguen teniendo una gran responsabilidad.

La Comisión Europea ya ha reconocido el carácter nocivo de estas prácticas. La comisaria de Igualdad, Hadja Lahbib, ha declarado que las prácticas de conversión «no son terapias», que pueden causar problemas de salud física y mental y que vulneran la dignidad personal. También ha señalado que la Comisión colaborará con los Estados miembros «respetando plenamente sus competencias» y que aún es necesario recopilar más datos para determinar la mejor forma de actuar.

Cómo influyó la ICE en la votación del Parlamento

La ICE no elaboró el informe sobre los derechos fundamentales, pero dio un fuerte impulso político a la cuestión de las prácticas de conversión. El Parlamento Europeo ya había condenado estas prácticas en varias ocasiones desde 2016, pero la iniciativa ciudadana estableció un plazo institucional concreto: una respuesta formal de la Comisión a más tardar el 18 de mayo de 2026.

Esta cronología es importante. El debate en el pleno sobre la ICE tuvo lugar el 25 de marzo de 2026; la audiencia pública se había celebrado el 2 de marzo; y posteriormente, el 29 de abril, se aprobó el informe sobre los derechos fundamentales, con un párrafo en el que se solicitaba explícitamente una prohibición europea.

En otras palabras, la ICE ha marcado el rumbo político. Ha obligado a las instituciones a organizar una audiencia, ha alimentado el debate parlamentario y ha permitido incluir en un informe general una petición concreta: que la Comisión convierta esta movilización ciudadana en una propuesta legislativa.

Análisis de las votaciones en el Parlamento Europeo

La votación final del 29 de abril se centró en el informe general sobre los derechos fundamentales, y no en un texto independiente dedicado exclusivamente a las terapias de conversión. Esta precisión es indispensable para comprender el desglose de los votos por grupo.

Según los datos nominales recopilados por HowTheyVote a partir de los resultados oficiales del Parlamento, el informe fue aprobado por 328 votos a favor, 199 en contra, 98 abstenciones y 94 eurodiputados que no votaron. Los socialdemócratas apoyaron masivamente el texto, con 118 votos a favor y ninguno en contra. Renew Europe también votó en bloque a favor, con 64 votos favorables, al igual que los Verdes/ALE, con 45 votos a favor.

El PPE aparece más dividido. Sus miembros votaron 86 veces a favor, 12 veces en contra y se abstuvieron en 55 ocasiones, lo que refleja una posición intermedia ante un informe que aborda temas sensibles como los derechos LGBTIQ+, los derechos sexuales y reproductivos o el Estado de derecho.

Los grupos situados en la derecha y la extrema derecha del Parlamento rechazaron mayoritariamente el texto. Patriotas por Europa votó 73 veces en contra, sin ningún voto a favor, mientras que los Conservadores y Reformistas Europeos registraron 70 votos en contra, 1 voto a favor y 6 abstenciones. Europa de las Naciones Soberanas votó 27 veces en contra, sin votos a favor ni abstenciones.

Es especialmente importante mencionar el caso de The Left. El grupo había pedido públicamente que se prohibieran en toda Europa las prácticas de conversión y que se aprobara una legislación vinculante en todos los Estados miembros. Sin embargo, en la votación final sobre el informe general, sus diputados se dividieron: 12 votaron a favor, 1 en contra, 30 se abstuvieron y 3 no votaron.

Según una fuente de The Left, la abstención de una parte del grupo no se refería al pasaje relativo a las terapias de conversión, sino a la votación final del informe en su conjunto. La delegación considera que el texto era demasiado débil en varias cuestiones relacionadas con los derechos fundamentales: las restricciones a las manifestaciones en apoyo a Palestina, un tratamiento considerado desequilibrado de las diferentes formas de racismo, un capítulo insuficiente sobre migraciones, devoluciones en caliente y criminalización de la solidaridad.

También critica que el informe no señale suficientemente las responsabilidades de los Estados miembros y que sea demasiado impreciso en lo que respecta a la protección de la sociedad civil, el asilo, la actuación policial y los programas espía.

Las reacciones de los eurodiputados

La ponente del informe, Anna Strolenberg, eurodiputada neerlandesa del Grupo de los Verdes/ALE, presentó el texto como una advertencia sobre la situación general de los derechos fundamentales en la Unión Europea. Afirmó que los derechos fundamentales deben seguir siendo «innegociables» y que ahora la cuestión es si la Comisión Europea y los Estados miembros tienen la voluntad política de actuar.

Durante el debate dedicado a la Iniciativa Ciudadana Europea, Marina Kaljurand, eurodiputada estonia del Grupo S&D y presidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, instó a la Comisión a escuchar a «los más de un millón de firmantes» y a adoptar «medidas decisivas» contra las prácticas de conversión.

En las filas de los Verdes/ALE, Kim Van Sparrentak, eurodiputada neerlandesa, defendió una postura tanto personal como política. Declaró: «Soy una lesbiana felizmente casada. No estoy enferma», antes de hacer un llamamiento para poner fin a estas prácticas, que presenta como actos equiparables a la tortura.

Por parte de los socialdemócratas, Marc Angel, eurodiputado luxemburgués del Grupo S&D, resumió la postura con una frase contundente: «Torture is never therapy», es decir, «la tortura nunca es una terapia». Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado español del Grupo S&D y exministro de Justicia de España, defendió la idea de que estas prácticas son contrarias al artículo 4 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que prohíbe la tortura y los tratos inhumanos o degradantes.

En Renew Europe, Fabienne Keller, eurodiputada francesa, declaró en francés que «estas prácticas no son en absoluto terapias» y preguntó: «¿A qué esperamos para prohibir esta práctica?». Esta postura coincide con la de las asociaciones LGBTIQ+, que reclaman una prohibición europea clara.

El grupo The Left también apoyó la prohibición en cuanto al fondo. Manon Aubry, eurodiputada francesa de La France insoumise y copresidenta del grupo The Left en el Parlamento Europeo, declaró que «la Unión Europea ya no puede hacer la vista gorda» y que las terapias de conversión deben prohibirse en todas partes, de inmediato. En el debate parlamentario, también afirmó: «Ser LGBTI no es una enfermedad», antes de denunciar unas «prácticas bárbaras».

La oposición se ha concentrado principalmente entre las filas conservadoras, nacionalistas y soberanistas. Paolo Inselvini, eurodiputado italiano del Grupo ECR, afirmó que condena la violencia y la coacción, pero advirtió contra una prohibición que, en su opinión, podría impedir que los padres aconsejen a sus hijos. Bert-Jan Ruissen, eurodiputado neerlandés del Grupo ECR, consideró que los malos tratos ya estaban prohibidos y expresó su preocupación por las conversaciones pastorales.




Las reacciones de las asociaciones LGBTIQ+

ACT, impulsora de la ICE, ha calificado la votación como una «gran victoria para la comunidad LGBTI+ en Europa». La organización insta ahora a la Comisión a proponer una legislación vinculante que abarque todas las formas de prácticas de conversión, tanto para niños como para adultos, en todos los países de la Unión Europea.

En el Comité Económico y Social Europeo, Caleb Stocco, representante de ACT, hizo hincapié en los daños graves y duraderos causados por estas prácticas y pidió una respuesta europea contundente. El propio CESE instó a la Comisión a proponer una prohibición europea jurídicamente vinculante, que abarque tanto a niños como a adultos, prohíba también la publicidad de estas prácticas, prevea sanciones efectivas y garantice apoyo a los supervivientes.

Estas reacciones ponen de manifiesto que, para las asociaciones, la votación del Parlamento es un paso adelante, pero no el final del camino. Su objetivo sigue siendo la adopción de un texto vinculante por parte de la Unión Europea.


¿Y ahora qué va a pasar con las terapias de conversión en Europa?

La próxima fecha límite se ha fijado ahora para el 18 de mayo de 2026. A más tardar en esa fecha, la Comisión Europea deberá responder formalmente a la Iniciativa Ciudadana Europea. Deberá indicar si tiene previsto proponer legislación, avanzar mediante recomendaciones, esperar los resultados de su estudio o combinar varios instrumentos.

La Comisión ya ha confirmado que está llevando a cabo un estudio sobre las prácticas de conversión, cuyos resultados se esperan para principios de 2027. Este estudio puede servir de base técnica para una futura legislación, pero también puede interpretarse como una forma de aplazar una decisión política inmediata.

La opción más ambiciosa sería una propuesta legislativa europea. Esta podría materializarse mediante una modificación de la Directiva sobre los derechos de las víctimas, a través de un enfoque centrado en los delitos de odio, o mediante otro instrumento jurídico destinado a armonizar unas garantías mínimas. Dicha propuesta debería ser posteriormente examinada y aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo.

Una opción más prudente consistiría en animar a los Estados miembros a aprobar sus propias prohibiciones, financiar a las asociaciones, prestar apoyo a los supervivientes e incorporar esta cuestión a la estrategia europea LGBTIQ+ 2026-2030. Esta vía sería políticamente más fácil, pero dejaría sin resolver las marcadas diferencias entre los Estados miembros.



Una batalla europea por los derechos fundamentales

El asunto va más allá de la mera cuestión de las terapias de conversión en Europa. Pone en tela de juicio la capacidad de la Unión Europea para convertir una movilización ciudadana en una norma jurídica común. Además, pone de manifiesto las divisiones políticas del Parlamento en torno a los derechos LGBTIQ+, el papel de la familia, las libertades religiosas, las competencias nacionales y la protección de las víctimas.

Para las asociaciones LGBTIQ+, la votación del 29 de abril supone una victoria política. Para la Comisión, supone una presión adicional antes de la fecha límite del 18 de mayo. Para los opositores, abre un debate sobre los límites de una prohibición y sobre la competencia de la Unión. Pero para los eurodiputados a favor del texto, lo que está en juego es más sencillo: afirmar que ninguna persona LGBTIQ+ necesita ser «corregida».

La frase de Hadja Lahbib resume bien el núcleo del debate: las prácticas de conversión «no son terapias». Ahora queda por ver si la Comisión Europea convertirá esta postura en un acto jurídico.

Fuentes

Vous aimerez aussi

Laisser un commentaire