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Terapias de conversión: por qué la Comisión Europea se niega a obligar a los Estados miembros

Par Yohan Taillandier
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Las terapias de conversión no son terapias. Son prácticas que pretenden modificar, reprimir o suprimir la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de una persona LGBTQ+. Presiones psicológicas, discursos religiosos culpabilizadores, humillaciones, pseudoacompañamientos médicos o espirituales, su objetivo siempre se basa en la misma idea peligrosa, la de que una persona LGBTQ+ debería ser “corregida”.

El debate actual sobre las terapias de conversión pone de manifiesto los límites de la Comisión Europea a la hora de transformar los derechos fundamentales en prohibiciones concretas.

La Comisión Europea reconoce su peligrosidad, su carácter nocivo y su incompatibilidad con los derechos fundamentales. Sin embargo, en lugar de proponer una prohibición europea vinculante, opta por una recomendación a los Estados miembros.

Esta decisión evidencia una importante limitación de la Unión Europea. Condena la violencia, pero sigue mostrándose reacia a obligar a los Estados miembros a garantizar una protección efectiva. En una Europa dominada por el PPE y dirigida por Ursula von der Leyen, procedente de la CDU alemana, esta cautela política no sorprende.


Terapias de conversión: por qué Bruselas fue interpelada

La decisión responde a una iniciativa ciudadana europea, o ICE, titulada “Ban on conversion practices in the European Union”. Este procedimiento permite a los ciudadanos pedir a la Comisión que actúe, siempre que reúnan al menos un millón de firmas en varios Estados miembros.

Detrás de esta iniciativa se encuentra ACT, Against Conversion Therapy, la organización que llevó esta lucha al ámbito europeo. Su objetivo era claro, conseguir la prohibición de las terapias de conversión en la Unión Europea, para que la protección de las personas LGBTQ+ ya no dependiera del país en el que viven.

Para comprender en detalle qué reclamaba esta iniciativa ciudadana europea y por qué la prohibición de las terapias de conversión se ha convertido en un asunto europeo, ya habíamos dedicado un primer artículo a esta movilización.

La iniciativa se registró el 24 de enero de 2024. Las firmas se recogieron entre el 17 de mayo de 2024 y el 17 de mayo de 2025. Tras su verificación, los organizadores la presentaron a la Comisión el 17 de noviembre de 2025, con 1.128.063 apoyos verificados. Después presentaron sus objetivos el 12 de diciembre de 2025 ante Hadja Lahbib, comisaria europea de Igualdad, antes de una audiencia en el Parlamento Europeo el 2 de marzo de 2026 y de un debate en sesión plenaria el 25 de marzo.

La petición era clara. Los organizadores querían una prohibición jurídicamente vinculante de las terapias de conversión en la Unión Europea. Pedían una directiva, el estudio de la inclusión de determinadas prácticas en la lista de eurodelitos y un refuerzo de los derechos de las víctimas.

El tema no es marginal. Según la Comisión, que se basa en la encuesta de 2023 de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el 24 % de las personas LGBTIQ+ encuestadas afirma haber sido sometida a prácticas de conversión. Esta cifra asciende al 47 % en el caso de las mujeres trans y al 48 % en el de los hombres trans.


La decisión de la Comisión Europea sobre las terapias de conversión

La Comisión reconoce la gravedad del problema. Afirma que las prácticas de conversión son perjudiciales, se basan en una premisa médica falsa y pueden provocar daños psicológicos y físicos duraderos. También recuerda que no hay nada que “curar” ni “eliminar” en el hecho de ser LGBTQ+.

Sin embargo, su respuesta sigue siendo limitada. La Comisión Europea anuncia que en 2027 adoptará una recomendación europea en la que pedirá a los Estados miembros que prohíban las terapias de conversión en su legislación nacional. Una recomendación no es una directiva, sino que establece una orientación política sin crear una obligación jurídica vinculante.

El comunicado oficial de la Comisión Europea sobre las cuestiones LGBTQ+ pretende mostrarse firme. Ursula von der Leyen afirma que estas prácticas no tienen cabida en la Unión. Hadja Lahbib insiste en que no hay nada que corregir en las personas LGBTIQ+. Sin embargo, este discurso no desemboca en una prohibición vinculante a escala europea.

Ahí reside toda la ambigüedad de esta decisión. La Comisión Europea condena las terapias de conversión, pero se niega a proponer un texto vinculante. Opta por el acompañamiento en lugar de la obligación, y prefiere apoyar, coordinar, formar y sensibilizar, sin prohibirlas directamente a escala de la Unión.

Para las personas LGBTQ+ afectadas, la diferencia es enorme. Una directiva obliga a los Estados miembros a incorporar un objetivo en su legislación nacional. Una recomendación deja en manos de los Estados la decisión sobre el ritmo y el alcance de las medidas. Con esta decisión, el debate sobre las terapias de conversión en la UE se convierte en una prueba para saber si los derechos fundamentales de la UE pueden transformarse en protecciones concretas.


Los argumentos jurídicos esgrimidos por la Comisión

Para justificar su decisión, la Comisión alega varios obstáculos. El primero se refiere a la lista de eurodelitos, que permite a la Unión intervenir en determinadas formas graves de delincuencia con dimensión transfronteriza. Los organizadores querían que se incluyeran en ella las prácticas de conversión, al menos en sus formas más graves.

La Comisión responde que ese camino sería difícil. Para añadir un nuevo ámbito de delincuencia a la lista de eurodelitos, se necesitaría una decisión unánime del Consejo. Por lo tanto, todos los Estados miembros tendrían que estar de acuerdo. En una Unión en la que varios gobiernos siguen mostrándose hostiles o reticentes ante los avances en materia de derechos LGBTQ+, esa unanimidad parece casi imposible.

El segundo obstáculo tiene que ver con la Directiva contra la discriminación. Desde 2008 existe una propuesta sobre igualdad de trato, pero lleva casi 18 años bloqueada en el Consejo. También en este caso se requiere la unanimidad.

El tercer argumento se refiere a los derechos de las víctimas. La Comisión responde que la directiva específica ya se ha reforzado y que puede aplicarse cuando estas prácticas están tipificadas como delito en los Estados miembros. Pero ahí radica precisamente el problema, en los países donde no están prohibidas, las víctimas siguen estando menos protegidas.

Por lo tanto, la Comisión no se equivoca del todo al señalar los obstáculos jurídicos. Pero ha tomado una decisión política, la de no iniciar una difícil batalla institucional. Quizá no estaba segura de ganar. Sobre todo, ha optado por no luchar.


Terapias de conversión: una Europa de dos velocidades en materia de derechos LGBTQ+

Ahí radica la principal debilidad de esta decisión, mantiene una Europa de dos velocidades. En algunos países, las terapias de conversión están prohibidas. En otros, pueden seguir practicándose en zonas grises, bajo el pretexto de un acompañamiento religioso, familiar, psicológico o pseudoterapéutico.

La Comisión señala que solo ocho Estados miembros cuentan con leyes que prohíben estas prácticas, Bélgica, Alemania, Grecia, España, Francia, Chipre, Malta y Portugal. Esta situación genera una brecha real en los derechos LGBTQ+ en Europa. Dependiendo del país en el que se viva, el nivel de protección varía.

Es aquí donde la decisión resulta cuestionable. Si las terapias de conversión constituyen una violación de los derechos fundamentales, ¿por qué aceptar que la protección dependa del país en el que se vive?


Las asociaciones LGBTQ+ celebran este avance, pero esperan medidas concretas

La reacción de las asociaciones LGBTQ+ no es únicamente negativa. ILGA-Europe ha celebrado el compromiso de la Comisión con una recomendación, sobre todo porque el texto debería abarcar la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género, un aspecto fundamental para proteger también a las personas trans y no binarias.

Sin embargo, ILGA-Europe plantea una condición clara, esta recomendación no debe quedarse en algo meramente simbólico. La organización pide que se traduzca en prohibiciones nacionales, responsabilidad profesional y protecciones concretas para las personas supervivientes.

Por parte de ACT, el mensaje es más crítico. Tras la respuesta de la Comisión, la organización resumió la paradoja europea. Más de un millón de ciudadanos pidieron una prohibición europea, pero la Unión no propone ninguna ley vinculante. El reconocimiento político del problema supone un avance, pero la demanda inicial sigue sin satisfacerse.

El Consejo de Europa fue más lejos en enero de 2026. Su Asamblea Parlamentaria instó a los países europeos a aprobar leyes que prohíban las prácticas de conversión, con sanciones penales, una definición clara y mecanismos de seguimiento y denuncia.

Por eso, la decisión de la Comisión puede interpretarse de dos maneras. Sí, envía una señal europea. Sí, reconoce la gravedad de la violencia. Pero se niega a dar el paso hacia una prohibición común.


Terapias de conversión: reacciones encontradas en el Parlamento Europeo

El debate en el Parlamento Europeo puso de manifiesto que los derechos LGBTQ+ en Europa siguen siendo un tema de confrontación política. Varios eurodiputados defendieron una prohibición clara. Marina Kaljurand, eurodiputada del S&D, recordó que estas prácticas tienen por objeto cambiar, reprimir o suprimir la orientación sexual o la identidad de género, provocando daños duraderos.

Marc Angel, eurodiputado del S&D, resumió el problema de forma más directa al afirmar que estas prácticas constituyen una forma de tortura. Fabienne Keller, eurodiputada de Renew Europe, insistió en que no son terapias y que no hay nada que curar.

Desde la izquierda, The Left también ha apoyado una prohibición europea. Manon Aubry, copresidenta del grupo y eurodiputada de La France insoumise, defiende la idea de que la Unión Europea ya no puede seguir mirando hacia otro lado ante esta violencia contra las personas LGBTQI+.

Pero el debate también puso de manifiesto ciertas resistencias. Varios eurodiputados conservadores y de derecha se refirieron a las competencias de la Unión, la libertad religiosa, la libertad de expresión o los derechos parentales. Bert-Jan Ruissen, eurodiputado del ECR, defendió en particular la idea de que una prohibición europea podría exceder las competencias de la Unión.

Esta división muestra que la cuestión no es meramente jurídica. Afecta a la relación de fuerzas entre los grupos políticos, sobre todo en un PPE que sigue siendo dominante en el Parlamento Europeo, frente a los grupos de izquierda, ecologistas y liberales, más combativos en materia de derechos fundamentales.


Lo que la Comisión podría haber hecho si hubiera querido ir más allá

La Comisión Europea no carecía de opciones. Podría haber optado por una estrategia más firme, aun a riesgo de entrar en conflicto con el Consejo o con algunos Estados miembros.

En primer lugar, podría haber propuesto una directiva específica sobre las prácticas de conversión. Una directiva de ese tipo habría encontrado resistencias, pero habría planteado claramente el debate político. ¿Aceptan o no los Estados miembros prohibir estas prácticas en toda la Unión Europea?

También podría haber explorado la vía de los eurodelitos para los casos más graves, especialmente en situaciones de coacción, violencia, tratamientos forzados o abusos a menores. Aunque esta vía requería la unanimidad, habría permitido calificar estas prácticas como actos de violencia grave.

Por último, podría haber reforzado la protección de las víctimas en la legislación europea, con un marco más preciso en materia de acompañamiento, justicia, indemnizaciones y mecanismos de denuncia. Sin embargo, prefiere dejar estos aspectos para su futura recomendación.


Una decisión política en una Europa dominada por la derecha

Sería ingenuo interpretar esta decisión únicamente como una cuestión técnica. Los derechos LGBTQ+ avanzan o retroceden también en función de las relaciones de poder. Ahora bien, la Unión Europea actual no cuenta con una mayoría dispuesta a romper con el statu quo en estos temas.

Ursula von der Leyen procede de la CDU alemana, un partido de derecha conservadora. Pertenece a la familia del PPE, que sigue siendo la principal fuerza política del Parlamento Europeo desde las elecciones de 2024. Esta realidad no significa que la Comisión sea hostil a cualquier avance en materia LGBTQ+. Ha adoptado una estrategia europea para la igualdad LGBTIQ+ y afirma querer luchar contra la violencia. Pero también explica una cierta cautela política.

La Comisión von der Leyen suele optar por avanzar mediante compromisos, apoyo, recomendaciones y estrategias plurianuales. Este método puede dar resultados. Pero ante actos de violencia graves, también puede resultar insuficiente.

Las terapias de conversión plantean, por tanto, una pregunta sencilla. ¿Quiere la Unión Europea limitarse a animar a los Estados a proteger a las personas LGBTQ+, o quiere garantizar esa protección en todo su territorio?

Por ahora, la respuesta es clara. Bruselas condena, pero no obliga.



Preguntas frecuentes: Terapias de conversión y decisión de la Comisión Europea

¿Por qué se habla de «terapias» de conversión si no son terapias?

El término es engañoso. Estas prácticas no se basan en ninguna evidencia médica seria. Pretenden modificar, reprimir o suprimir la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de una persona LGBTQ+. Por eso, muchas asociaciones prefieren hablar de «prácticas de conversión» en lugar de «terapias de conversión

¿Por qué la Comisión Europea no puede simplemente imponer una prohibición inmediata?

La Comisión Europea tiene poder de iniciativa legislativa, pero debe actuar dentro del marco de los tratados europeos y de las competencias de la Unión. Para establecer una prohibición vinculante en determinados ámbitos, a menudo se requiere el acuerdo del Consejo y, en algunos casos, la unanimidad de los Estados miembros. Este es uno de los principales obstáculos en este asunto

¿Cuál es la diferencia entre una directiva y una recomendación europea?

Una directiva obliga a los Estados miembros a alcanzar un objetivo jurídico y a incorporarlo a su legislación nacional. Una recomendación europea, en cambio, no es vinculante. Puede orientar, fomentar la acción y ejercer presión política, pero no obliga directamente a los Estados miembros a actuar.

¿Están ya prohibidas las terapias de conversión en Francia?

Sí. Francia es uno de los ocho Estados miembros de la Unión Europea que ya cuentan con una ley que prohíbe las prácticas de conversión, junto con Bélgica, Alemania, Grecia, España, Chipre, Malta y Portugal.


Fuentes:

  • Comisión Europea – Respuesta oficial a la iniciativa ciudadana europea «Prohibición de las prácticas de conversión en la Unión Europea» – Documento oficial de la Comisión Europea, 13 de mayo de 2026 – Comunicación de la Comisión Europea C(2026) 3333

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