Entre victorias feministas y derivas autoritarias
La actualidad de las instituciones europeas de esta semana (22 de diciembre) quedará grabada como una llamativa paradoja democrática. Por un lado, una victoria arrancada por la presión popular y feminista; por otro, una deriva tecnocrática que pisotea la soberanía de los pueblos.
El hecho institucional más destacado es la votación del 17 de diciembre en el Parlamento Europeo a favor de la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) «My Voice, My Choice» (Mi Voz, Mi Decisión). Para las instituciones europeas, se trata de un avance histórico: el Parlamento ha apoyado oficialmente la creación de un mecanismo de financiación que garantice el acceso gratuito y seguro al aborto para todas las mujeres de la Unión, incluidas las que viven en Estados miembros reaccionarios como Polonia o Hungría. Esto demuestra que, bajo la presión de la calle y de los colectivos feministas, las instituciones pueden convertirse en garantes de los derechos fundamentales universales. Sin embargo, la lucha no ha hecho más que empezar, ya que la Comisión debe ahora traducir este apoyo en una propuesta legislativa concreta, lo que no está garantizado ante los lobbies conservadores.
Al mismo tiempo, las instituciones europeas se ven sacudidas por una profunda crisis de legitimidad en relación con la gestión de los tratados de libre comercio. El método empleado por la Comisión Von der Leyen para imponer el acuerdo con Mercosur —el desglose del texto para evitar el veto de los parlamentos nacionales— se percibe como una maniobra autoritaria. Esta estrategia debilita el equilibrio institucional y refuerza la imagen de una Europa dirigida por una élite burocrática desconectada de las realidades nacionales y las exigencias ecológicas.
Por último, la actualidad institucional está marcada por el debate sobre la transparencia. Los escándalos relacionados con los contratos de vacunas y los vínculos de interés entre algunos comisarios y los lobbies industriales siguen contaminando el clima político de Bruselas. La izquierda radical del Parlamento Europeo (The Left) denuncia una «captura corporativa» de las instituciones, en la que las grandes empresas redactan ellas mismas las normas que les afectan.
